El Gobierno sale a la
caza de contratos temporales sin causa
- Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el informe
sobre el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, que, entre otras cuestiones, prevé
extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el
trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales, de los 964
inspectores de trabajo a los 836 subinspectores.
De
esta forma, el Ministerio de Empleo redobla esfuerzos y espera,un
salto exponencial en la transformación de contratos temporales en
indefinidos.
Este anteproyecto de Ley viene a modernizar la antigua Ley
Ordenadora del sistema de inspección, que data de 1997 y que, según fuentes de
Empleo, debía
adaptarse a la nueva realidad del mercado de trabajo, en la que han proliferado nuevas formas de irregularidad
relacionadas con la contratación.
Además, la
ley requería pasar de un sistema de colaboración entre las distintas
administraciones a otro de compartido y de participación, en el que los criterios de inspección sean los mismos en
todos los territorios y además tengan voz los agentes sociales.
En este mismo sentido, el
Gobierno ya introdujo cambios legales en 2013 para que los trabajadores a tiempo parcial registraran a
diario las horas realizadas en jornada y las complementarias. De esta forma,
prevé que las empresas cuenten con un registro que incluya esta información, que
podrá ser solicitado por un inspector de trabajo para verificar si no se trata
de trabajos a tiempo completo encubiertos.Por
lo pronto, en 2014 se incrementaron las inspecciones en este ámbito en un 127%
respecto al año anterior, hasta las más de 14.400.
Por otro lado, en esa otra vertiente de involucrar en la
lucha contra el fraude a nuevos ámbitos, la reforma introduce la posibilidad de
firmar acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado y otras
instancias como la inspección de Sanidad, para que puedan aportar información a
la Inspección de Trabajo si
cuentan con evidencias de fraude a partir del desempeño ordinario de su
actividad.
En
esta voluntad de aumentar la participación ciudadana en la lucha contra el
empleo irregular, Empleo ya abrió en 2014 el buzón del fraude, para recabar
avisos de ciudadanos que alertaban de casos de fraude en el empleo. El resultado
ha sido bueno, según Empleo, ya que se ha conseguido realizar 15.200
inspecciones y aflorar unos 3.000 empleos irregulares.
¿CÓMO
SERÁ LA NUEVA INSPECCIÓN?
En un plano más administrativo que funcional, de acuerdo
con la reforma, la
Inspección de Trabajo dejará de ser una dirección general para ser un organismo
autónomo con representación de las comunidades autónomas, presidido por la ministra de Empleo, Fátima
Báñez.
Además, contará
con un Consejo Rector, en el que
estarán representadas la Administración General del Estado (AGE) y las
comunidades autónomas. Este consejo tendrá entre sus funciones la aprobación de
un plan integral de objetivos, que incluirá la estrategia de la inspección, el
presupuesto y los recursos personales. Por otro lado, se
crearán comisiones operativas con las comunidades autónomas, que
aprobarán sus propios planes anuales de objetivos para integrarlos en el plan
integral.
Asimismo, se prevé la creación de una
oficina nacional de lucha contra el fraude, en la que también estarán representadas las comunidades
autónomas, que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no
declarado. Será el 'cerebro' que configure mapas de fraude y se apoyará en
unidades de actuación especializadas. En este organismo se integrará la unidad
específica que se dedicará a la lucha contra el fraude en el ámbito de la
formación profesional.
Por otro lado, Empleo
quiere que los agentes sociales estén presentes en la inspección de
trabajo, con lo que integrarán un
Consejo General, con funciones de información, audiencia y consulta, que estará
coordinado con el Consejo Rector.
EVITAR
LA SINIESTRALIDAD.
El informe sobre el anteproyecto de Ley contempla, por otra
parte,incrementar
los recursos destinados a la inspección para la prevención de riesgos
laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Para ello, se
creará dentro de la Inspección una nueva escala de subinspectores de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáez de Santamaría, ha indicado que esta reforma tendrá "coste cero", porque es
en su mayor parte "organizativa".
"Se
trata de ser más eficaces", ha dicho, para añadir que los que cambios que se
prevén en la Inspección de Trabajo están encaminados a fortalecer la unidad del
mercado laboral y a lograr una "actuación más eficaz y uniforme" en el seno de
este organismo.
Tras este primer paso por el Consejo de Ministros, el
informe será valorado por el Consejo Económico y Social (CES) antes de ser
devuelto para su aprobación como anteproyecto de Ley a finales de
marzo. La
previsión del Gobierno es que su entrada en vigor se produzca en agosto o
septiembre.
La Inspección de Trabajo tramitó 102.183
denuncias el pasado año, de las que unas 37.000 se referían a empleos no
declarados y otras casi 32.000 a abusos en el trabajo.
Entre
las nuevas tipologías de fraude que han ido 'in crescendo' en los últimos años y
que justifican la reforma de la Inspección, se encuentran la creación de
empresas ficticias o la creación de empresas en otros países que operan en
España para ahorrar costes.
(Noticia extraída del EL
MUNDO)
|
Páginas
lunes, 16 de marzo de 2015
Información laboral y fiscal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario