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jueves, 14 de mayo de 2015

Información jurídica

El BOE publica la Orden que pone fin al polémico 'tasazo' de Gallardón

- Modifica los modelos de autoliquidación y solicitud de devolución tras su eliminación.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Orden 861/2015, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que modifica la Orden de 2012 sobre autoliquidación y solicitud de devolución de las controvertidas tasas judiciales que recientemente ha derogado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Con la nueva Orden, se da carpetazo al polémico tasazo que supuso un endurecimiento sin precedentes al esfuerzo económico al que deben hacer frente los ciudadanos para poder acceder a la Justicia, sin tener en cuenta la capacidad real de los ciudadanos.

En concreto, la Ley de Tasas Judiciales introducida bajo el auspicio del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, estableció, entre otros extremos, que los ciudadanos debían abonar hasta 800 euros por un recurso de apelación civil o hasta la escalofriante cifra de 1.200 euros por uno de casación ante el Supremo. Y ello, sin sumar la tasa variable.

La modificación de los modelos -concretamente el 696 de autoliquidación y el 695 de solicitud de devolución- es el broche final del Real Decreto Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que elimina las tasas judiciales para todas las personas físicas y en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias.

Una Justicia para todos

En palabras de Catalá, la supresión atiende a un continuo trabajo del Ministerio, "para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva". Lo cierto es que, desde que se hiciera cargo de la Cartera, ya anunció en varias ocasiones su disposición a modificar la norma "subsanando la falta de consenso que tanto se le ha reprochado al extitular de Justicia". La nueva Orden entrará en vigor el 1 de junio y se aplicará a hechos imponibles acaecidos desde el 1 de marzo de 2015. 


(Noticia extraída de EL ECONOMISTA)

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