EL
PCE, EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y DE LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA DE NUESTRO PAÍS
Resolución
aprobada por la Conferencia Política Provincial de Jaén del Partido Comunista
de Andalucía-
La provincia de Jaén
se configura como uno de los territorios en los que la crisis general del medio
rural se viene cebando con dureza. Al secular déficit de inversiones públicas
en materia de infraestructuras y de promoción e incentivos industriales con el
que ha sido castigada nuestra provincia, ya desde la época franquista; al
deterioro y desmantelamiento generalizado de los servicios públicos en el medio
rural, se añaden las consecuencias que están ocasionando las dañinas y
erráticas políticas diseñadas desde la Unión Europea con respecto a la
agricultura, reflejándose todo ello en un constante descenso demográfico,
indicador inequívoco de que algo -o muchas cosas- no funcionan en nuestra provincia.
El olivar, además de
constituir la base económica de una provincia como Jaén, convertida en un
auténtico desierto industrial, ha jugado un papel clave para fijar la población
en el medio rural, evitando que el vaciamiento poblacional –grave y preocupante
en Jaén- haya sido de un calado todavía mayor. El olivar, además de ser un
sector socio-económico estratégico, juega un papel fundamental desde el punto
de vista de la sostenibilidad medioambiental en nuestra provincia.
A lo largo de la
historia, la defensa del campo y de los agricultores ha sido una seña de
identidad de los y las comunistas españoles, andaluces y jiennenses. Así lo
hicimos con el diputado de Jaén y ministro de Agricultura en el período 1937-1939
Vicente Uribe; durante el tardofranquismo contra las políticas injustas y
ultraderechistas del ministro Domingo Solís y la Unión del Olivar Español; en
el proceso de lucha por la autonomía plena para Andalucía, que desde el PCE
ligamos muy estrechamente con la aplicación de una reforma agraria integral y
que continua siendo una asignatura pendiente en Andalucía, a la que los y las comunistas
no renunciamos; en la reforma de la OCM del aceite de oliva de 1998, con un
Informe extraordinario elaborado por el europarlamentario de IU Salvador Jové
y, desde entonces, contra las consecuencias negativas para el sector que esa
reforma y las posteriores han supuesto para nuestro olivar, ignorando en su día
la Comisión Europea –con los votos del PSOE y del PP- todas las recomendaciones
de Salvador Jové, es decir, las propuestas de IU asumidas por el propio Parlamento
Europeo.
La crisis de viabilidad
del olivar -en realidad hay que decir de viabilidad de las pequeñas y medianas
explotaciones- que en los últimos años se ha agudizado, ha disparado todas las
alarmas en nuestra provincia, poniendo “en
pie de guerra” a un sector que tradicionalmente no se ha caracterizado
precisamente por su movilización, pero que ahora lo hace ante la evidencia de
una situación inaguantable.
Pero, ¿cómo se ha
llegado hasta aquí? La Conferencia Política Provincial del PCE en Jaén entiende
que ésta es la pregunta clave a la que hay que responder para encauzar las
posibles soluciones al futuro del olivar:
Para el Partido
Comunista, las crisis cíclicas de precios en origen que padece el aceite de
oliva se deben, básicamente, a la eliminación del mecanismo público de intervención
que garantizaba un precio mínimo. El vendaval neoliberal se llevó esta mínima
intervención e introdujo profundas transformaciones en el campo que están
haciendo mucho daño a los pequeños y medianos olivareros. Existe una tendencia a la concentración de fincas que se
aprecia en toda Europa; el INE dice que del año 2013 a 2016 creció la
superficie cultivada, pero disminuyó el número de explotaciones. Es decir, en
el campo, como en cualquier otro ámbito de inversión capitalista, la tendencia
a la concentración de la propiedad es muy fuerte. Este problema se agrava para
los pequeños agricultores y ganaderos, cuando se ven obligados a entregar su
producción, ya sea a grandes productores o a empresas comercializadoras que
acaban fijándoles los precios. En concreto, en relación con el aceite de oliva,
seis grandes grupos de distribución controlan más del 55% de la cuota de
mercado en España, frente a una oferta fuertemente atomizada que intenta hacer
la guerra –es decir, sobrevivir- por su cuenta. El papel de los grandes grupos
de distribución del aceite consiste en lanzar un precio de compra y esperar la
llegada de ofertas, con lo cual el modelo deriva en un oligopolio que suele ser
despiadado, más incluso que el monopolio, y en el que estos grupos de distribución
se vigilan y tienden a imitar los descensos en los precios de compra, pero no
las subidas. El resultado último es que a un/a agricultor/a le cuesta 2,75 €
producir un kilo de aceite –de acuerdo con los costes de producción estimados
en 2015 por el Consejo Oleícola Internacional-, mientras que vende ese mismo
kilo de aceite por 2 €. De hecho, y solo por poner un ejemplo, según POOLred,
en la última semana los precios medios tanto del aceite de oliva lampante (1,76
€/Kg.), como del aceite de oliva virgen (1,95 €/Kg.) están por debajo de los 2
€/Kg., y solo el virgen extra está ligeramente por encima (2,14 €/Kg.).
Frente a esta situación,
la respuesta que se ha articulado desde la Unión Europea es la alternativa del
almacenamiento privado, que ha demostrado ser un auténtico fracaso. En el año
1998, Salvador Jové Peres, ponente del Parlamento Europeo del informe sobre la
OCM del Aceite de Oliva, ya alertaba de la inoperancia futura del
almacenamiento privado de cara a garantizar unos precios justos para el aceite
de oliva. Así, en un artículo publicado en el Anuario de Jaén, correspondiente
a 1998, entre otras cosas, decía: “El
Reglamento de la Comisión no aprobó la prohibición de las mezclas, medida clave
en una estrategia enfocada hacia la calidad, y desmanteló el mecanismo de
compras en intervención sustituyéndolo por el del almacenamiento privado. Al
formular una propuesta de esta índole, la Comisión muestra desconocer las
especificidades del aceite de oliva, en tanto en cuanto se trata de una
producción en alternancia y que siempre ha resultado tener un coste económico
mucho menor que otros sectores (el mecanismo de intervención no supuso pérdidas
mientras existió). Lo que se apunta como almacenamiento privado no permite
albergar demasiadas esperanzas sobre su eficacia en la regulación del mercado.
No es bueno emitir juicios de intencionalidad, pero está claro que si el
sistema que se esboza es puesto en práctica, habrá riesgo de frecuentes
descensos en los precios del mercado”.
Tras la eliminación
del mecanismo de intervención aplicada en la Reforma de la OCM del Aceite de
Oliva del año 1998, con ocasión de la reforma intermedia del año 2003 se da
otra vuelta de tuerca más para asfixiar al denominado olivar tradicional, al
introducirse tanto medidas de recorte presupuestario
como exigencias de la Organización Mundial de Mercados de
disminución/desaparición de gran parte de las ayudas a la producción, con el
desacoplamiento de estas ayudas y el cambio de orientación hacia las ayudas
comunitarias directas al productor en pago único, desacopladas de la producción
efectiva, basadas en medias históricas de producción, decrecientes cada año,
que no compensan, junto al precio obtenido vía mercado, para alcanzar el umbral
de rentabilidad del olivar.
Como corolario a unas
políticas que parecen diseñadas para acabar con las pequeñas y medianas
explotaciones, nos encontramos con un reparto de las ayudas de la PAC que
permite que sean los grandes propietarios quienes acaparen el 80% de tales
ayudas. Así, no hay modulación o progresividad real en las ayudas, no se ha
puesto en marcha ni el techo máximo de recepción de las ayudas ni la
disminución progresiva de éstas para las grandes explotaciones. Todo ello es
especialmente grave en escenarios, como los actuales, de reducción generalizada
del Presupuesto Comunitario destinado a las ayudas, cuyo impacto es mucho mayor
en las pequeñas y medianas explotaciones.
Por último, y para añadir
aún mayores "dificultades", la propuesta de Reforma de la Política Agraria Comunitaria para el período
2021-2027 plantea la reducción del presupuesto comunitario, lo que consideramos
inaceptable. La propuesta de la Comisión Europea reduce el presupuesto para las
ayudas de 2021 a 2027 pero, mientras prevé una disminución del 10% en las
cantidades asignadas a la propiedad de la tierra, propone reducir el 27% a la
parte vinculada a cuestiones de desarrollo y medio-ambiente y a la preservación
del medio, obviándose nuevamente la introducción de una reivindicación
pendiente como es la modulación de las ayudas.
Ante toda esta problemática que hemos descrito, los y las comunistas de
Jaén alentamos al sector olivarero a sostener la movilización por unas
reivindicaciones que consideramos justas y adecuadas para la mayoría de ellos,
es decir, para la mayoría de pequeños y medianos agricultor@s de Jaén. Sin
embargo, no podemos dejar de señalar la contaminación que para dichas
movilizaciones está suponiendo la participación de organizaciones agrarias y
políticas de derechas, que se mueven en la contradicción de exigir unos precios
justos para el aceite de oliva, mientras en su ideario político rechazan la
intervención del sector público, de acuerdo con lo que ellos denominan
"libre mercado" que, en el sector del aceite de oliva, no lo es más
que para el oligopolio que controla el proceso de comercialización y
distribución del mismo. Es decir, reclaman la “intervención pública” de precios
y otros elementos del mercado quienes, al mismo tiempo, defienden y han
defendido posiciones políticas e ideológicas neoliberales, conservadoras y
ultraconservadoras, garantes del “libre mercado” absoluto, con ausencia de
regulación u otras formas de intervención que "molesten al juego libre del
mercado”.
Para el Partido Comunista, las medidas adoptadas recientemente por el
Gobierno de España, aún siendo evidentemente insuficientes, suponen un cierto
avance y, sobre todo, deben suponer el inicio de otras de mayor calado de cara
a afrontar el problema de la
sostenibilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y
ganaderas en general, y del olivar en particular. En concreto, el Real Decreto-ley
5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación, entre otras cosas, establece:
La obligatoriedad de
tener en cuenta los costes de producción en los contratos de compra-venta de
aceite; la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción
(prohibición de la venta a pérdidas); la regulación de las promociones
comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios; o la
publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones
graves o muy graves. De otro lado, el citado Real Decreto-ley 5/2020 también
establece medidas de carácter social que afectan a l@s trabajador@s del medio
rural, al incluir la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas
para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de l@s
trabajador@s eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura, una reivindicación, "de
mínimos", largamente demandada desde el PCE y desde IU. Igualmente, el
Real Decreto-ley establece bonificaciones en la cuota empresarial para la
conversión de contratos eventuales de trabajador@s agrarios en contratos
indefinidos o en contratos fijos-discontinuos, así como la ampliación de la
actuación de la Inspección de Trabajo a los locales, viviendas, u otros lugares
habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de
trabajo en que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen
o puedan permanecer los trabajadores por razón de su trabajo durante los
períodos de descanso.
Por todo lo expuesto, la
Conferencia Política Provincial del PCE de Jaén:
1º.- Saluda y apoya las
medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que
se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y
alimentación, a la vez que pide al Gobierno de España la urgente implementación
de tales medidas y de aquellas otras que, como la relativa a la trazabilidad en
el etiquetado de los precios del aceite de oliva en sus distintas fases desde
la producción a su venta al consumidor, tengan como objetivo último facilitar
la viabilidad económica del sector del olivar y el aceite de oliva, en la
perspectiva de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro
país.
2º.- Mantiene su apuesta
por la recuperación del precio de intervención y del sistema de intervención
del aceite de oliva, apuesta corroborada tras los ineficaces resultados que ha
demostrado el sistema de almacenamiento privado de cara a garantizar unos
precios justos y viables para el mantenimiento de la actividad en el sector
oleícola de miles de pequeños y medianos agricultor@s.
3º.- Mantiene su apoyo a
la recuperación de las ayudas acopladas a la producción de aceite, con
modulación de las mismas en función decreciente con respecto al tamaño de las
explotaciones -hasta la extinción total de las mismas a partir de un
determinado umbral de producción-, y contemplando un tratamiento específico
para el olivar en pendiente y/o de baja producción y rentabilidad.
4º.- Exige la prohibición taxativa de las mezclas
de aceite de oliva con otras grasas, sin la cual están llamadas al fracaso las
estrategias de expansión comercial del aceite basadas, fundamentalmente, en la
calidad, la excelencia y la transparencia hacia el consumidor de este producto.
5º.- Exige a las distintas
administraciones públicas, en función de sus respectivos niveles
competenciales, la puesta en marcha efectiva y con dotación presupuestaria de
políticas que impulsen la concentración de la oferta de aceite de oliva, que
permitan defender el valor y la estabilidad del precio del aceite en su
comercialización.
Jaén, 1 de marzo
de 2020.
