Nota de prensa del PCE

EL PCE, EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y DE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA DE NUESTRO PAÍS

Resolución aprobada por la Conferencia Política Provincial de Jaén del Partido Comunista de Andalucía-

La provincia de Jaén se configura como uno de los territorios en los que la crisis general del medio rural se viene cebando con dureza. Al secular déficit de inversiones públicas en materia de infraestructuras y de promoción e incentivos industriales con el que ha sido castigada nuestra provincia, ya desde la época franquista; al deterioro y desmantelamiento generalizado de los servicios públicos en el medio rural, se añaden las consecuencias que están ocasionando las dañinas y erráticas políticas diseñadas desde la Unión Europea con respecto a la agricultura, reflejándose todo ello en un constante descenso demográfico, indicador inequívoco de que algo -o muchas cosas- no funcionan en nuestra provincia.

El olivar, además de constituir la base económica de una provincia como Jaén, convertida en un auténtico desierto industrial, ha jugado un papel clave para fijar la población en el medio rural, evitando que el vaciamiento poblacional –grave y preocupante en Jaén- haya sido de un calado todavía mayor. El olivar, además de ser un sector socio-económico estratégico, juega un papel fundamental desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental en nuestra provincia.

A lo largo de la historia, la defensa del campo y de los agricultores ha sido una seña de identidad de los y las comunistas españoles, andaluces y jiennenses. Así lo hicimos con el diputado de Jaén y ministro de Agricultura en el período 1937-1939 Vicente Uribe; durante el tardofranquismo contra las políticas injustas y ultraderechistas del ministro Domingo Solís y la Unión del Olivar Español; en el proceso de lucha por la autonomía plena para Andalucía, que desde el PCE ligamos muy estrechamente con la aplicación de una reforma agraria integral y que continua siendo una asignatura pendiente en Andalucía, a la que los y las comunistas no renunciamos; en la reforma de la OCM del aceite de oliva de 1998, con un Informe extraordinario elaborado por el europarlamentario de IU Salvador Jové y, desde entonces, contra las consecuencias negativas para el sector que esa reforma y las posteriores han supuesto para nuestro olivar, ignorando en su día la Comisión Europea –con los votos del PSOE y del PP- todas las recomendaciones de Salvador Jové, es decir, las propuestas de IU asumidas por el propio Parlamento Europeo.

La crisis de viabilidad del olivar -en realidad hay que decir de viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones- que en los últimos años se ha agudizado, ha disparado todas las alarmas en nuestra provincia, poniendo “en pie de guerra” a un sector que tradicionalmente no se ha caracterizado precisamente por su movilización, pero que ahora lo hace ante la evidencia de una situación inaguantable.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? La Conferencia Política Provincial del PCE en Jaén entiende que ésta es la pregunta clave a la que hay que responder para encauzar las posibles soluciones al futuro del olivar:

Para el Partido Comunista, las crisis cíclicas de precios en origen que padece el aceite de oliva se deben, básicamente, a la eliminación del mecanismo público de intervención que garantizaba un precio mínimo. El vendaval neoliberal se llevó esta mínima intervención e introdujo profundas transformaciones en el campo que están haciendo mucho daño a los pequeños y medianos olivareros. Existe una tendencia a la concentración de fincas que se aprecia en toda Europa; el INE dice que del año 2013 a 2016 creció la superficie cultivada, pero disminuyó el número de explotaciones. Es decir, en el campo, como en cualquier otro ámbito de inversión capitalista, la tendencia a la concentración de la propiedad es muy fuerte. Este problema se agrava para los pequeños agricultores y ganaderos, cuando se ven obligados a entregar su producción, ya sea a grandes productores o a empresas comercializadoras que acaban fijándoles los precios. En concreto, en relación con el aceite de oliva, seis grandes grupos de distribución controlan más del 55% de la cuota de mercado en España, frente a una oferta fuertemente atomizada que intenta hacer la guerra –es decir, sobrevivir- por su cuenta. El papel de los grandes grupos de distribución del aceite consiste en lanzar un precio de compra y esperar la llegada de ofertas, con lo cual el modelo deriva en un oligopolio que suele ser despiadado, más incluso que el monopolio, y en el que estos grupos de distribución se vigilan y tienden a imitar los descensos en los precios de compra, pero no las subidas. El resultado último es que a un/a agricultor/a le cuesta 2,75 € producir un kilo de aceite –de acuerdo con los costes de producción estimados en 2015 por el Consejo Oleícola Internacional-, mientras que vende ese mismo kilo de aceite por 2 €. De hecho, y solo por poner un ejemplo, según POOLred, en la última semana los precios medios tanto del aceite de oliva lampante (1,76 €/Kg.), como del aceite de oliva virgen (1,95 €/Kg.) están por debajo de los 2 €/Kg., y solo el virgen extra está ligeramente por encima (2,14 €/Kg.).

Frente a esta situación, la respuesta que se ha articulado desde la Unión Europea es la alternativa del almacenamiento privado, que ha demostrado ser un auténtico fracaso. En el año 1998, Salvador Jové Peres, ponente del Parlamento Europeo del informe sobre la OCM del Aceite de Oliva, ya alertaba de la inoperancia futura del almacenamiento privado de cara a garantizar unos precios justos para el aceite de oliva. Así, en un artículo publicado en el Anuario de Jaén, correspondiente a 1998, entre otras cosas, decía:  “El Reglamento de la Comisión no aprobó la prohibición de las mezclas, medida clave en una estrategia enfocada hacia la calidad, y desmanteló el mecanismo de compras en intervención sustituyéndolo por el del almacenamiento privado. Al formular una propuesta de esta índole, la Comisión muestra desconocer las especificidades del aceite de oliva, en tanto en cuanto se trata de una producción en alternancia y que siempre ha resultado tener un coste económico mucho menor que otros sectores (el mecanismo de intervención no supuso pérdidas mientras existió). Lo que se apunta como almacenamiento privado no permite albergar demasiadas esperanzas sobre su eficacia en la regulación del mercado. No es bueno emitir juicios de intencionalidad, pero está claro que si el sistema que se esboza es puesto en práctica, habrá riesgo de frecuentes descensos en los precios del mercado”.

Tras la eliminación del mecanismo de intervención aplicada en la Reforma de la OCM del Aceite de Oliva del año 1998, con ocasión de la reforma intermedia del año 2003 se da otra vuelta de tuerca más para asfixiar al denominado olivar tradicional, al introducirse tanto medidas de recorte presupuestario como exigencias de la Organización Mundial de Mercados de disminución/desaparición de gran parte de las ayudas a la producción, con el desacoplamiento de estas ayudas y el cambio de orientación hacia las ayudas comunitarias directas al productor en pago único, desacopladas de la producción efectiva, basadas en medias históricas de producción, decrecientes cada año, que no compensan, junto al precio obtenido vía mercado, para alcanzar el umbral de rentabilidad del olivar.

Como corolario a unas políticas que parecen diseñadas para acabar con las pequeñas y medianas explotaciones, nos encontramos con un reparto de las ayudas de la PAC que permite que sean los grandes propietarios quienes acaparen el 80% de tales ayudas. Así, no hay modulación o progresividad real en las ayudas, no se ha puesto en marcha ni el techo máximo de recepción de las ayudas ni la disminución progresiva de éstas para las grandes explotaciones. Todo ello es especialmente grave en escenarios, como los actuales, de reducción generalizada del Presupuesto Comunitario destinado a las ayudas, cuyo impacto es mucho mayor en las pequeñas y medianas explotaciones.

Por último, y para añadir aún mayores "dificultades", la propuesta de Reforma de la Política Agraria Comunitaria para el período 2021-2027 plantea la reducción del presupuesto comunitario, lo que consideramos inaceptable. La propuesta de la Comisión Europea reduce el presupuesto para las ayudas de 2021 a 2027 pero, mientras prevé una disminución del 10% en las cantidades asignadas a la propiedad de la tierra, propone reducir el 27% a la parte vinculada a cuestiones de desarrollo y medio-ambiente y a la preservación del medio, obviándose nuevamente la introducción de una reivindicación pendiente como es la modulación de las ayudas.

Ante toda esta problemática que hemos descrito, los y las comunistas de Jaén alentamos al sector olivarero a sostener la movilización por unas reivindicaciones que consideramos justas y adecuadas para la mayoría de ellos, es decir, para la mayoría de pequeños y medianos agricultor@s de Jaén. Sin embargo, no podemos dejar de señalar la contaminación que para dichas movilizaciones está suponiendo la participación de organizaciones agrarias y políticas de derechas, que se mueven en la contradicción de exigir unos precios justos para el aceite de oliva, mientras en su ideario político rechazan la intervención del sector público, de acuerdo con lo que ellos denominan "libre mercado" que, en el sector del aceite de oliva, no lo es más que para el oligopolio que controla el proceso de comercialización y distribución del mismo. Es decir, reclaman la “intervención pública” de precios y otros elementos del mercado quienes, al mismo tiempo, defienden y han defendido posiciones políticas e ideológicas neoliberales, conservadoras y ultraconservadoras, garantes del “libre mercado” absoluto, con ausencia de regulación u otras formas de intervención que "molesten al juego libre del mercado”.

Para el Partido Comunista, las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno de España, aún siendo evidentemente insuficientes, suponen un cierto avance y, sobre todo, deben suponer el inicio de otras de mayor calado de cara a  afrontar el problema de la sostenibilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas en general, y del olivar en particular. En concreto, el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, entre otras cosas, establece:

La obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos de compra-venta de aceite; la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción (prohibición de la venta a pérdidas); la regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios; o la publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy graves. De otro lado, el citado Real Decreto-ley 5/2020 también establece medidas de carácter social que afectan a l@s trabajador@s del medio rural, al incluir la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de l@s trabajador@s eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, una reivindicación, "de mínimos", largamente demandada desde el PCE y desde IU. Igualmente, el Real Decreto-ley establece bonificaciones en la cuota empresarial para la conversión de contratos eventuales de trabajador@s agrarios en contratos indefinidos o en contratos fijos-discontinuos, así como la ampliación de la actuación de la Inspección de Trabajo a los locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por razón de su trabajo durante los períodos de descanso.

Por todo lo expuesto, la Conferencia Política Provincial del PCE de Jaén:

1º.- Saluda y apoya las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, a la vez que pide al Gobierno de España la urgente implementación de tales medidas y de aquellas otras que, como la relativa a la trazabilidad en el etiquetado de los precios del aceite de oliva en sus distintas fases desde la producción a su venta al consumidor, tengan como objetivo último facilitar la viabilidad económica del sector del olivar y el aceite de oliva, en la perspectiva de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país.

2º.- Mantiene su apuesta por la recuperación del precio de intervención y del sistema de intervención del aceite de oliva, apuesta corroborada tras los ineficaces resultados que ha demostrado el sistema de almacenamiento privado de cara a garantizar unos precios justos y viables para el mantenimiento de la actividad en el sector oleícola de miles de pequeños y medianos agricultor@s.

3º.- Mantiene su apoyo a la recuperación de las ayudas acopladas a la producción de aceite, con modulación de las mismas en función decreciente con respecto al tamaño de las explotaciones -hasta la extinción total de las mismas a partir de un determinado umbral de producción-, y contemplando un tratamiento específico para el olivar en pendiente y/o de baja producción y rentabilidad.

4º.- Exige la prohibición taxativa de las mezclas de aceite de oliva con otras grasas, sin la cual están llamadas al fracaso las estrategias de expansión comercial del aceite basadas, fundamentalmente, en la calidad, la excelencia y la transparencia hacia el consumidor de este producto.

5º.- Exige a las distintas administraciones públicas, en función de sus respectivos niveles competenciales, la puesta en marcha efectiva y con dotación presupuestaria de políticas que impulsen la concentración de la oferta de aceite de oliva, que permitan defender el valor y la estabilidad del precio del aceite en su comercialización.

Jaén, 1 de marzo de 2020.