F. Javier Castillejo de Haro. Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. Vocal de Politicand (Asociación de Politólogos de Andalucía).
Los resultados de las elecciones autonómicas catalanas convierten el fenómeno de la ingobernabilidad en una constante. Las líneas rojas y los bloqueos cruzados entre partidos, con relación a los pactos poselectorales, imposibilitan la conformación de mayorías de gobierno. No es descartable una repetición electoral. En esta región, a las habituales diferencias ideológicas se suma el agravante del sentimiento identitario. Hace tiempo que, desde algunos sectores independentistas, se ha intentado plebiscitar y perpetuar la dicotomía constitucionalistas o unionistas-independentistas. El varapalo electoral, en especial, de ERC y la CUP es consecuencia de este anhelo. Pero el sentimiento de pertenencia abarca un abanico más amplio. Dentro de los que abogan por la unidad del Estado, Vox defiende acabar con las autonomías, mientras que en el ideario del PP existe una fuerte sensibilidad autonomista. Sentimiento que persiste, incluso con su intento de sorpasar a la ultraderecha española, extremando su discurso en materia de migración o seguridad ciudadana. En menor grado, pero ha tenido el mismo efecto que el conseguido, en Badalona, por Xavier García Albiol. Un gran resultado del Partido Popular, abarcando el voto del “difunto” Ciutadans. Por cierto, preocupante la irrupción de la derecha identitaria independentista en el Parlament, incrementado la presencia de la ultraderecha. En el otro lado del “unionismo”, el PSC se presenta como una formación en la que convergen una gran transversalidad identitaria. Comuns Sumar, aboga por un concepto federal de España.
España y Cataluña son vasos comunicantes. La importancia de los partidos políticos catalanes, a lo largo de nuestra historia democrática, es persistente en términos de gobernabilidad del país. En el anterior párrafo, he destacado que, con los actuales resultados, los vetos entre partidos eran evidentes. En España y sus diferentes regiones, conformar un gobierno con diferentes sensibilidades es impensable. En clave nacional, el apoyo de ERC y Junts al Gobierno limita sus posibles pactos autonómicos. Los partidos independentistas no suman. Por lo tanto, la única ecuación posible es un gobierno progresista formado por PSC-ERC-Comuns, reeditando el tripartito y retrotrayendo la política catalana a la etapa anterior al procés.
Este último acontecimiento electoral me sirve de introducción para un análisis más amplio sobre una posible reforma de la configuración territorial, institucional y administrativa del Estado. Se debería avanzar hacia un modelo federal y abandonar el autonomismo asimétrico. El modelo alemán sería un buen espejo donde fijarse, con la salvaguarda de ser contextos distintos, con una realidad sociopolítica e identitaria propia. Como he mencionado, tras el procés, los partidos independentistas han intentado convertir cada elección en un plebiscito sobre la independencia. Se intenta alejar al ciudadano de aquellas marcas electorales en las que prevalece la defensa y el reforzamiento de las políticas de bienestar o las mejoras laborales y sociales. En definitiva, todas las encaminadas a mejorar nuestra vida, en contraposición a aquellas ofertas inertes en un sentido social, medioambiental, sobre políticas de conciliación, lucha contra la precariedad y desigualdad…, basadas simplemente en un amplio sentido identitario y con un alto componente demagógico. Siempre he defendido que el mayor enemigo de las democracias son los nacionalismos, independientemente de su ámbito territorial. Si unimos nacionalismo y desinformación, elaboramos un cóctel, altamente peligroso, capaz de acabar con las democracias contemporáneas.
El agravio entre territorios se está convirtiendo en un fenómeno estructural. En este sentido, los últimos acuerdos para la formación de gobierno, ponen de manifiesto este problema endémico. Independientemente de la valoración subjetiva sobre los términos de las negociaciones, Cataluña necesita “mirada larga”, en un intento de restablecer la convivencia democrática. Se puede llegar a entender la concesión de una amnistía, por delitos políticos, para intentar desencallar una situación política en el marco de un proceso de negociación, pero el simple hecho de valorar ampliarla a otro tipo de delitos o cuestiones la convertirían en un acto de corrupción gubernamental. Por ejemplo, la condonación de la deuda abriría “La Caja de Pandora”.
Si no sucede, por ejemplo, como ocurre con la corrupción, blanqueada y olvidada en un lacónico período de tiempo (Madrid, Valencia…), se va a penalizar electoralmente al PSOE, más concretamente, en clave estatal y a sus filiales no periféricas, en contraposición, a los espectaculares resultados en Cataluña. El espejo de Andalucía sería un buen instrumento donde mirarse. Los ingenieros electorales socialistas deberían valorar la posición del votante de centro-izquierda moderado, que supone el mayor caladero de votos de este partido centenario. En esta comunidad, este voto está virando hacia el PP, que ha conseguido disfrazarse de un partido andalucista que, incluso, abraza la socialdemocracia. En la praxis, a veces, actúa como un partido centrista, social y económicamente liberal y autonomista, otras, según para quién y cuando.
Se ha conseguido configurar Gobierno, pero acabar la legislatura sería un éxito. No lo descarto, tratándose de Pedro Sánchez, ante el que me quito el sombrero como superviviente político. La casuística nos dice que, exponerse a un mandato de este tipo, será insufrible. Depender de una amalgama de partidos en el que, como a los posconvergentes, la estabilidad del Ejecutivo de la Nación poco o nada les importa, complica la gobernabilidad. Habría que sumar que se tendrá que legislar a base de decretos leyes o que el principal partido en la oposición cuenta con una amplia mayoría en la Cámara Alta.
La sobrerepresentación con la que cuentan los partidos periféricos nacionalistas e independentistas, en el Congreso de los Diputados, es otro de los problemas a los que se enfrenta la gobernabilidad del país. Es una máxima la dependencia histórica de las fuerzas estatales para conformar Gobierno. En este sentido, “nadie está libre de pecado”. No olvidemos que Aznar hizo concesiones inéditas a los nacionalistas con tal de gobernar.
Para acabar con esta dependencia existen varias hipótesis. Existen aquellas basadas en el enfrentamiento, la confrontación, la centralización del Estado o medidas encaminadas, por ejemplo, a la ilegalización de marcas electorales. Como referente encontramos a Isabel Díaz Ayuso, probablemente, para camuflar que su partido tenga una presencia testimonial y sea irrelevante en algunos territorios, como Euskadi. Otros, como el que yo propongo y, a continuación, desmenuzó con las siguientes medidas:
1. La celebración de un referéndum vinculante en Cataluña. Habría que estudiarse con detenimiento y en qué términos se preguntaría sobre el estatus político. No hay nada más demencial en democracia que se tema a que la ciudadanía vote. Después de un baño de realidad y la más que probable victoria del “constitucionalismo” o unionismo, a algunos se les acabaría el relato sobre el Estado opresor. Se tendría que inventar otra cosa para satisfacer a sus bases.
2. La más importante e inalcanzable: un cambio de la Ley Electoral, más concretamente, del sistema electoral en las generales. Paso del método d’Hont a un sistema de representación proporcional más equilibrado. Necesitaría una exposición amplia pero, abreviando, se elegirían la mitad de diputados manteniendo el mismo sistema y la otra mitad siendo el Estado una circunscripción única. ¿Estarían los dos partidos mayoritarios, a nivel nacional, dispuestos a abordarla? Por desgracia, la respuesta es negativa. Los penalizaría electoralmente. Con esta reforma, se conseguiría una mayor equidad, en términos de representación, penalizando a los partidos sobrerrepresentados y permitiendo que partidos como PACMA, que superan en votos a otros con representación, pudieran obtener escaño/s.
3. En menor medida, reforma constitucional y reconstitución del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, acabando con un “cementerio de dinosaurios” y pago de “servicios”. Algo impensable, por el poco bagaje y sentido de Estado del grueso de los políticos actuales y su poca capacidad de pacto. Configurar una mayoría de 2/3 en una votación es hablar de ciencia ficción. Actualizar la Carta Magna la acercaría a la problemática actual. Un corta-pega ya no es suficiente. Estas reformas nos acercarían a un nuevo marco multilateral, evitando agravios, disensiones y asimetrías interterritoriales. Existen territorios que, de facto, funcionan como países independientes, disfrutando, por ejemplo, de su propio sistema tributario. Como andaluz me siento agraviado en que haya distintas “velocidades”, sin perjuicio de las peculiaridades culturales, lingüísticas o históricas de cada uno.
