Comunicado de IU de Bailén

Han pasado más de 40 años de los primeros gobiernos locales democráticos. 40 años en los que el municipalismo que defendemos ha tenido que batallar por mayores competencias, por frenar la ola neoliberal de privatizaciones de servicios públicos básicos, por evitar la dependencia del sector inmobiliario, por crear cobertura social y respuesta a los colectivos más vulnerables y, sobre todo, por demostrar ante otras administraciones que no somos los “hermanos pequeños” del armazón institucional del Estado. Hace ya 40 años cuando en la izquierda municipalista, en aquel entonces representada por el PCE, se abrió un debate profundo sobre el desarrollo de la legislación que articulaba el Estado autonómico y los estatutos de autonomía. Hace cuatro décadas ya era notoria la necesidad de reformar el marco legislativo que convertía a los Ayuntamientos en los grandes olvidados de la democracia. A día de hoy es evidente que la realidad económica y social actual ha sufrido transformaciones que demandan de las administraciones locales un papel distinto y más activo del que se establecía hasta ahora en la legislación local y de financiación de los Ayuntamientos. La crisis sanitaria del coronavirus y sus consecuencias lo han demostrado palpablemente. La administración local fue la que más rápido y con mayor flexibilidad atendió las situaciones derivadas de la pandemia en nuestros pueblos y ciudades. Se flexibilizaron los catálogos de servicios sociales, se derivaron recursos para garantizar ayudas a familias, se garantizó la continuidad del transporte público, del suministro de elementos de protección y la atención a la población más vulnerable. Sin tener resuelto aún el debate competencial y los recursos necesarios que deberían haberse abordado mediante una nueva Ley de Financiación de Haciendas Locales, fueron los municipios el primer muro de contención de una situación tan inesperada como con consecuencias económicas y sociales imprevisibles. Estamos agotando la legislatura actual sin que el Gobierno de coalición, pese a los requerimientos permanentes de Unidas Podemos de abordarlo, dé cumplimiento al acuerdo de Gobierno análogo que textualmente dice que el Gobierno de Coalición “ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado”. Necesitamos resolver estas cuestiones centrales, ya que las entidades locales han ido asumiendo competencias “impropias” de manera sostenida, que ya en 2005 se cuantificaban en el LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL en casi el 40% del gasto ordinario de un Ayuntamientos. Y todo ello teniendo en cuenta que el gasto de los Ayuntamientos es apenas el 15% del gasto total de las administraciones públicas. Después de 40 años de los consensos expresados en la asamblea de fundación de la FEMP de que las administraciones locales participaran hasta en un 33% de la recaudación de los tributos que recaudan todas las administraciones públicas, a día de hoy, participan prácticamente en el mismo porcentaje que tenían en el año 79. Queremos un nuevo sistema de financiación local que combine de manera natural la existencia de impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y contribuciones especiales que permita a los gobiernos locales ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal. Al mismo tiempo reclamamos mayores transferencias de otras administraciones para que la administración local pueda hacerse cargo de los costes de asumir la gestión de competencias impropias. Queremos que se plasme como real el amplio consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde siempre se estableció como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los Ayuntamientos. Queremos que se materialice el contenido de las resoluciones aprobadas en el XII Pleno de la FEMP resumido en el título: “Compromiso con la financiación local”. Además, insistimos en el llamamiento público para impulsar de manera definitiva un compromiso de reforma de las haciendas locales, mediante el apoyo a iniciativas como mejorar la financiación y la gestión económica de los Ayuntamientos, suprimir las limitaciones existentes al destino del superávit local y las rigideces de la regla de gasto y sanear la situación de municipios en riesgo financiero. Conscientes de todo esto, quienes suscribimos este manifiesto nos comprometemos de manera decidida a apostar por el municipalismo de izquierda que transforma y cuida nuestros pueblos y ciudades con las siguientes premisas: • Defender una Ley de Bases de Régimen local y una legislación en materia de haciendas locales que dé recursos a las competencias propias e impropias de nuestros Ayuntamientos y entidades locales menores. • Defender desde lo local la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales. Del mismo modo luchar por la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local. • Defender el acuerdo de la FEMP y el Ministerio de Hacienda para la gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de Ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español. • Defender un sistema tributario local que se nutra de elementos de progresividad en base a la capacidad económica del contribuyente. • Luchar por Ayuntamientos que generen riqueza, vivienda asequible, sostenibilidad y autonomía como elementos vertebradores de una democracia 100% real. • Nuestro compromiso es defender todas estas cuestiones, para cuidar lo cercano, esto es, los servicios públicos y sociales de nuestros pueblos y ciudades.